Foto: Jesús Rico. Periódico Heraldo

Presunto ‘’Pacto de Ciénaga’’, donde 25 alcaldes se quieren robar las regalías del departamento del Magdalena

El pacto de Ciénaga va encaminado a la polarización y división del departamento del Magdalena, dándole un asalto a las instituciones y a sus funciones constitucionales y legales que el Estado Social de Derecho, determinó en los artículos 297 y 298 de la Constitución Nacional.

En los últimos días se ha venido hablando lo que se ha denominado el pacto de Ciénaga, una denuncia hecha por el Gobernador del Magdalena Carlos Caicedo y que al parecer está compuesta, por aproximadamente 25 alcaldes de la región del Magdalena, quienes junto a los congresistas Eduardo Pulgar, Honororio Henríquez, Fabián Castillo, Kelyn González, Hernando Guida, Carlos Mario Farelo, así como también por el Director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Luis Alberto Rodríguez, estarían buscando hacer uso de las regalías. 

A través de un comunicado oficial, la administración de Caicedo dijo: “Es mi obligación como Gobernador del Magdalena elegido por más de 300 mil ciudadanos, denunciar ante la opinión pública del país y la comunidad internacional una perversa estrategia para apropiarse de los recursos de las regalías del departamento y fraccionarlos en cuotas politiqueras y corruptas en los municipios, en vez de permitir al Departamento desarrollar proyectos de impacto social que tanto necesita nuestro pueblo”, afirmó Caicedo.

Añadió que “el llamado ‘Pacto de Ciénaga’ o ‘Pacto de Alcaldes’, consiste en que alrededor de 26 de los 30 alcaldes de los municipios del departamento, conformarían una sociedad jurídica a través de la cual solicitarían de manera directa los recursos de regalías que le corresponde ejecutar a la administración departamental y así financiar campañas electorales al Congreso de la República”.

El Gobernador también señaló que esta ‘jugadita’ hace parte de una estrategia que viene siendo ejecutada por sus opositores políticos desde el principio de su administración y que se evidencia en por lo menos cuatro episodios: Los 80 mil millones de pesos aprobados dos días antes de finalizar el gobierno de Rosa Cotes, a fin de dragar unos caños sin los estudios pertinentes. 130 mil millones de pesos del intercambiador entre el puente ‘Laureano Gómez’ y el peaje, una inversión injustificada que por fortuna se logró reversar en la nueva administración. La toma arbitraria del Hospital Universitario ‘Julio Méndez Barreneche’ apenas 40 días después de haber asumido su dirección el bloqueo promovido en la Asamblea Departamental para la no aprobación de las distintas iniciativas de la Gobernación´, dice el comunicado firmado por el gobernador Caicedo.

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