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Condenan al Estado y al Ejercito Nacional por presunto caso de ‘‘falsos positivos’’ en el Tolima

El juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, condenó a la nación y al Ejército al tener responsabilidad en la muerte de Marco Fidel Ángel, tras hacerlo pasar por guerrillero en un caso de ‘‘falsos positivos’’ en el departamento del Tolima.

Dicho tribunal consideró que el asesinato de Ángel fue un acto injustificado y criminal, por parte de la Fuerza pública, catalogándolo como un crimen de Estado que deberá repararse, ante las víctimas de manera económica mediante un tratamiento médico y psicológico a su esposa e hija. Durante el proceso de indemnización los familiares, podrán escoger si desean un acto público en honor a la memoria del fallecido y de ser requerida, sería necesaria la presencia del ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo en nombre de la milicia.

Esta decisión ha sido tomada, debido a la demanda interpuesta por los parientes del occiso en el 2017, esta fue admitida en el 2018. Posteriormente se notificó al Ministerio de Defensa y al Ejercito Nacional, las acciones cometidas por miembros de la institución, el deseo de conocerse la verdad, las intenciones de reparación al buen nombre del fallecido y a las víctimas.

Hechos

‘‘Mario’’ y ‘‘Felipe’’ eran soldados adscritos a la Regional Inteligencia Militar del Ejército, los cuales al parecer en el año 2007 invitaron a Marco Fidel a tomarse unos tragos en la vía que de Rovira conduce a Ibagué, luego deciden tomar un carro para seguir el encuentro en Ibagué, pero en el transcurso del viaje Marco es asesinado. “Cerca al lugar conocido como la Virgen de Martínez, para el vehículo, sus tripulantes se bajan y es cuando dan muerte al señor Marco Fidel Ángel, al haber sido abatido en un supuesto enfrentamiento con miembros del Ejército Nacional”, dice la providencia.

Luego de esto los soldados le pusieron un morral guerrillero y un arma de fuego calibre 38, para hacer pasar al asesinado como un terrorista perteneciente a un grupo ilegal abatido en combate por el Ejército.

Respuesta del Estado

En defensa, el Estado sostuvo que este hombre era un ‘‘miliciano y que las actuaciones de los militares están amparadas por el mandato constitucional que obliga a preservar el orden público y la soberanía’’ y añadió “no todos los daños que sufran las personas se puede atribuir automáticamente el Estado, más aún cuando no se tiene certeza de las condiciones de tiempo, modo y lugar en la que se dieron los hechos”.

Pero de acuerdo con el fallo, la decisión se basó en el testimonio clave del ex guerrillero Edward Laín Bermúdez quien en 2014, aceptó cargos por este hecho para tener rebajas en su condena. Según su testimonio, fue contactado por agentes de la Regional de Inteligencia Militar quienes lo obligaron a trabajar con ellos a cambio de no llevar a cabo la orden de captura que había en su contra.

“Mario (uniformado de inteligencia militar del Ejército) me había dicho cómo habían organizado todo para matarlo y el plan era: primero que todo sacarlo, irnos hacia Ibagué y que cuando Mario me dijera que parara para orinar en la Virgen de Martínez, yo paraba. Me dijo que nos bajábamos y que no me fuera a ir para detrás del carro si no que me saliera para delante, que ahí estaban las otras personas, que ahí lo mataban, que ahí era la vuelta”, testificó el desmovilizado el 10 de abril de 2014.

Finalmente, el juzgado declaró que este caso se trató de un homicidio injustificado y que fue ‘‘una vulneración grave y flagrante de derechos humanos’’.