Foto: Departamento Nacional de Planeación

CONPES aprueba crédito para financiar el programa digital de justicia

Para la financiación de la primera fase de este proyecto, el Gobierno nacional gestionará un crédito externo de 100 millones de dólares en cuatro años.

Este lunes, a través de un documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), el Gobierno Nacional aprobó el crédito externo que permitirá poner en marcha la transformación digital de la justicia.

Según el Departamento Nacional de Planeación, el objetivo primordial durante el inicio del plan será “incrementar la eficiencia y la transparencia del sistema de justicia, para resolver los procesos y dar una pronta atención a las necesidades de los ciudadanos”.

Además, para el cumplimiento de los objetivos del programa, se realizarán inversiones a tres componentes fundamentales: 

El primero, es el fortalecimiento institucional del sistema de justicia, cuya suma es de 37 millones de dólares equivalentes a $135.000 millones de pesos, recursos destinados al diseño e implementación estratégica de ciberseguridad y protección de la información.

Con una inversión de 43 millones de dólares equivalentes a $155.000 millones de pesos, se harán efectivos el afianzamiento de los servicios digitales y tecnológicos, entre otros para el sistema de justicia oral, el expediente digital y la agilización en los trámites de las tutelas.

En el mejoramiento del entorno y la cultura digital en la justicia se utilizarán 14 millones de dólares equivalentes a cerca de $51.000 millones de pesos, para la ejecución estratégica de gestión del cambio y modelo de servicios digitales al ciudadano.

En cuanto a dicha inversión, se espera que los colombianos, puedan ahorrar en promedio $120.000 por proceso, es decir $33.600 millones anuales. Además, se estima que en cuatro años aproximadamente, el número de procesos que contarán con notificaciones digitales pasará de 140.000 a 1.120.000.

Por otra parte, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, señala que “el 95% del crédito estará destinado a la Rama Judicial, teniendo al Consejo Superior de la Judicatura como unidad ejecutora. El restante 5% irá para las entidades del Ejecutivo que cumplen funciones jurisprudenciales y tendrá al Ministerio de Justicia y del Derecho como ejecutor”.