Fiscalía y Procuraduría investigan si murieron menores en el operativo. La Defensoría del Pueblo habría alertado sobre el reclutamiento de niños en la zona.
El Alcalde de Calamar Roiman Garcés, pidió revisar las denuncias de las familias sobre posibles menores de edad que habrían muerto en el bombardeo. Las denuncias sobre niños caídos en el operativo activaron las alarmas de la Procuraduría, quienes designaron al delegado, para así cumplir la defensa en derechos humanos y verificar si se cumplieron todas las normas de protección.
La Defensoría del Pueblo también había alertado sobre el reclutamiento forzado en menores de edad desde enero del 2019 por parte de grupo armados ilegales en los municipios de San José del Guaviare, El retorno y Calamar.
En los tres municipios persiste el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes y los desplazamientos forzados por parte de grupos armados ilegales e incluso dentro del documento denuncian que en algunos territorios estarían entrenando a los menores de edad enlistados. Los municipios alertados cuentan con amplias zonas boscosas que les permite a los grupos ocultarse, abastecerse y realizar entrenamientos de niños.
El ministro de Defensa dijo que la misión estuvo amparada por el derecho internacional humanitario y que los informes de inteligencia señalaban que en efecto en el campamento había jóvenes sin especificar si eran de 18 años, tildándolos como máquinas de guerra.
Medicina Legal reportó que en la morgue de Villavicencio hay diez cuerpos recuperados tras la operación, y que aún no se han podido establecer ni edades ni identidades de los mismos.
