Es investigado por una sospechosa contratación con una fundación para mitigar el COVID-19.

La Fiscalía general de la Nación el día lunes 15 de marzo, interpuso ante la Sala Especial de Primera instancia de la Corte Suprema de Justicia, la demanda contra Ariel Palacios, gobernador del departamento del Chocó.

La materia de investigación se debe a un contrato directo con la Fundación Chocó Saludable, durante el mes de abril del 2020, con el objetivo de generar comunicados acerca de las contingencias por el COVID-19. La idea era llegarles esos comunicados a las 116 comunidades de indígenas, afrodescendientes y Rom-gitanos.

Cabe resaltar que la forma de distribución de los mensajes era mediante vallas, plegables, cuñas, piezas audiovisuales y pendones. El contrato terminó por una cifra de $2.091’500.000, la cual sostuvo la Fiscalía.

“La celebración del citado contrato habría vulnerado decretos y resoluciones que establecen los parámetros de contratación, en virtud de la coyuntura por el covid -19. Adicionalmente, se conoció que en el proceso de selección no fueron invitadas Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) del departamento. La convocatoria fue dirigida a entidades de otra región que, al parecer, no tenían las competencias, perfil, experiencia, condiciones técnicas y operativas. Una de estas, la Fundación Chocó Saludable”, informó la Fiscalía durante su declaración.

Por parte del Gobernador, aún no ha dado ninguna declaración al respecto.